Cuando el Estado es encargado de proveer la alimentación a importantes sectores de la población, tiene la responsabilidad de tener en consideración a todos los grupos contribuyentes, y por tanto, de ofrecerles un servicio que no vulnere los proyectos de vida que estos grupos mantienen de acuerdo a sus consideraciones morales que no vulneran la libertad de los demás. ¿Pero en la práctica esto es realmente así?

